A la espera de que el Ministerio publique en su página web el Proyecto de Reforma de la Ley de Justicia gratuita, la Abogacía y los letrados del turno acercan posturas sobre la libre designación del abogado.
La reforma de la Ley de Justicia Gratuita debe conciliar intereses y sensibilidades muy diversos. El Ministerio de Justicia se enfrenta, por un lado, a las comunidades autónomas, que ven cómo cada año se incrementa el coste de este servicio; y, por otro, a los letrados del turno de oficio, que sienten amenazado un sistema que, a su juicio, funciona, y garantiza el derecho de defensa. En este escenario juega un papel fundamental el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Y es el propio Consejo el que está consiguiendo acercar posturas y ha logrado que los letrados den el visto bueno a la libre elección del abogado.
Tradicionalmente, los abogados del turno de oficio han criticado con vehemencia la libre designación del letrado. Consideraban que contribuía a privatizar este servicio y lo desnaturalizaba. Sin embargo, la necesidad de buscar puntos de encuentro y las matizaciones que hace el CGAE han habladado a los letrados del turno. Además, este modelo ya se ha probado en Galicia y Ponferrada y no ha trascendido que haya causado problemas.
La fórmula que a los abogados del turno no les gusta es que entren en el cupo grupos como Legálitas con su propia lista de letrados. Este extremo supondría la privatización total del servicio. Y, aunque recuerdan que el justiciable ya puede rechazar a un abogado que no le convence, estos letrados consideran que la introducción en la reforma de la libre elección dará más seguridad al ciudadano: "Se avanza en este derecho", certifican. Además, las matizaciones que hace el CGAE y su intención de que esta fórmula se aplique en casos concretos les tranquiliza, según explican fuentes consultadas.
Otra de las fórmulas que ha barajado el CGAE y que propuso el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid el pasado febrero es la corresponsabilidad del justiciable que no sea indigente. Sin embargo, el CGAE prefiere que esta última posibilidad la analicen al detalle las administraciones.
Luis Nieto, decano del Colegio de Salamanca y presidente de la Comisión del turno de oficio del CGAE, constata que el aumento del coste del servicio, –un 160% según la Comunidad de Madrid– se debe, no tanto a la crisis, sino al incremento de los derechos de los ciudadanos que se ha conseguido con la introducción de los servicios de asesoramiento al menor, de violencia de género o de Extranjería, además de los juicios rápidos y de la acusación particular.
La Justicia gratuita supone a las administraciones cerca de 200 millones de euros anuales. Pero los abogados del turno recuerdan que 35.000 letrados de los 122.000 que hay en España se dedican a diario a este servicio, que se ofrece los 365 días del año, las 24 horas del día, a veces en guardias de hasta tres días.
De esta forma, aunque los abogados del turno acogen ahora sin recelo la libre elección, mantienen sus críticas contra algunas CCAA, sobre todo, Madrid y Valencia, y ante los Decretos que preparan con el fin de restringir el acceso al turno de oficio, en concreto, a los inmigrantes.
Por su parte, Paula Sánchez de León, consellera de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana, considera que "probablemente no sea ni necesario realizar una modificación de la propia Ley de Justicia Gratuita, tal vez con aprobar un nuevo decreto de desarrollo que establezca el marco general común, al menos en cuestiones básicas, como la unificación de módulos que retribuyen las actuaciones profesionales sea suficiente".
La Asociación Profesional de Abogados de Extranjería en Madrid (Apaem), la Asociación Libre de Abogados (ALA) y la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) rechazan que se emitan Decretos que traten de sortear la ley y piden que la reforma sea "consensuada y transparente".
Sánchez de León reclama los fondos de depósitos por recurrir previstos en la Ley Orgánica 1/2009, el 40% de los cuales va destinado, según marca la ley, a las autonomías. Los consejeros piden al Ministerio que comunique a las comunidades autónomas las previsiones de las cuantías a transferir, el calendario de pago previsto y el procedimiento para hacerlo efectivo.
Pero hasta que no se conozca el Reglamento de la Ley de Extranjería quedan muchos aspectos de la reforma por concretar. El artículo 22 de la citada norma se relaciona con la Justicia gratuita y puede, en la práctica, limitar el acceso de los inmigrantes al turno.
Los abogados de oficio lamentan la escasa interlocución que tienen con las CCAA y con el Ministerio. Justicia asegura que, en breve, lo enmendará, ya que va a colgar el borrador del proyecto de reforma de la ley en su web para que hagan sugerencias.
A pesar de que algunas voces dudan de que la reforma del turno de oficio culmine en esta legislatura, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha anunciado que se está trabajando para tener un anteproyecto de ley "lo antes posible", "racionalizar" los procesos, "simplificar algunos trámites y ahorrar costes burocráticos en su tramitación".
Caamaño asegura que "la idea es simplificar todo el procedimiento, instaurar una fórmula de racionalización del modelo que no menoscabe este derecho fundamental".
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